Empresas afiliadas al banco de materiales elevan sus precios, mientras que los damnificados sufren las consecuencias.
A casi un año del devastador terremoto del 15 de agosto, que arrasó la provincia de Pisco con más de 500 muertos, centenares de desaparecidos millones de pérdidas materiales, las personas han hecho un esfuerzo sobrehumano por salir adelante, ya sea por sus propios medios o con la poca ayuda del gobierno.
Actualmente Pisco sigue en proceso de reconstrucción y como es de esperarse; sumergido en un total caos municipal, sin mencionar el incremento de la delincuencia y las incontables denuncias por asalto a mano armada que se registran en los libros policiales de una improvisada comisaría de madera donada por la República de Turquía.
Hace mas de 8 meses COFOPRI organizó un censo a los pobladores de los diversos distritos como San Andrés, Pisco playa y Pisco centro. Con el fin de entregar los títulos de propiedad a cada familia damnificada que no contara con alguno. Además de registrar las direcciones y comprobar el estado de su vivienda.
Esta base de datos permitió que FORSUR pudiera crear la primera lista de personas beneficiadas con el bono de reconstrucción valorizado en 6000 soles que donó el gobierno, mediante una tarjeta del banco de materiales a nombre del representante de cada familia.
EMPRESAS ABUSIVAS
El Gerente General del Banco, Jorge Aparicio Mosseli, sostuvo que los damnificados tendrían plena libertad para escoger la calidad y el precio de sus materiales de construcción. Y para que los pobladores pudieran hacer uso de esta tarjeta y adquirir sus materiales, el banco afilió a 13 empresas en Ica y solo dos empresas en Pisco.
La primera empresa fue Inversiones Cassoli SAC, de Cassia Olivares Victorio Marín, ubicada en calle Beatita de Humay Nº 583, quien ya había participado en diversos concursos con la Municipalidad de Pisco. La segunda empresa fue Grupo A y G Fortaleza, ubicada en Urbanización Pesca Perú, Mz. O Lote 11, de Cassia Olivares Gabriela Nila (hermana del dueño de la empresa anterior).
Hasta ahí no hubiera tenido nada de malo. Pero, estos dos hermanos empresarios han vendido los diversos materiales de construcción a diestra y siniestra (mediante la autorización que les concedió el Banmat). Con precios sobrevalorados, muy por encima de los establecidos por la competencia de la provincia. Aprovechándose de ser los únicos que podían aceptar la tarjeta del banco y expender los productos a miles de damnificados.
Por ejemplo: el millar de ladrillos de 18 huecos a S/ 880.00, mientras que la competencia a S/ 820.00. La bolsa de cemento sol a S/ 19.00, mientras que las demás empresas a S/ 17.20. Y así podríamos seguir enumerando las enormes e injustas diferencias de precio, que no hacen más que perjudicar la labor de reconstrucción del estado y lucrar con la desgracia de esta pobre gente que no tiene un hogar en donde vivir e intenta construir una habitación de 3 metros de ancho por dos de alto.
Porque sepa usted que los materiales entregados solo alcanzan para construir una pequeña habitación de ladrillos, sin acabados de puertas y ventanas, ni piso. Sin contar que el costo de la obra equivale a un promedio de 1500 soles, porque los albañiles también han subido su precio por mano de obra.
Aun así, estas prosperas empresas que no sufrieron ningún daño en el pasado terremoto, quieren disminuir la poca ayuda del estado y sacar tajada. Pues en vez de recibir 6 millares de ladrillos recibirían 5, que para estos pobres damnificados ya es bastante pérdida. Y esto debe parar.
Ante los reclamos de cientos de pobladores, quienes denunciaron el abuso a las autoridades manifestando que los precios habían subido un 50%, el Fiscal provincial José Maria Chacaltana Yáñez realizó un operativo el día 22 de mayo a las 11:00 a.m. (como consta en el libro de ocurrencias de la Policía), visitando estas dos empresas para comprobar si había sobre valoración de precios. Tal fue la sorpresa, pues no encontraron ninguna novedad y los encargados de ambas tiendas dieron precios menores a lo declarado por los damnificados.
En una entrevista realizada al fiscal, este reconoció que hubo fallas en la diligencia, pues no se pidió las respectivas pruebas que comprobaran lo denunciado, como facturas de ventas emitidas por la empresa, en donde se hubiera comprobado el precio real de venta. En conclusión, solo se preguntó de boca y fue un operativo muy corto y desganado de solo 40 minutos.
EN ESPERA DE LOS BONOS
Según el Banco de Materiales ha repartido en Pisco 5395 bonos de reconstrucción. Y las personas los han ido recogiendo según el orden de publicación de las listas. Dá la casualidad que muchas personas denuncian y reclaman que sus nombres salieron en la primera lista de diciembre del año pasado y que aún no les han entregado absolutamente nada.
Van a las oficinas ubicadas a las salidas de Pisco y esperan largas horas desde las 8 de la mañana hasta las dos de la tarde. Al principio iban cientos de personas y las colas eran muy largas, pero al no encontrar nunca al ingeniero Carlos Gutiérrez, encargado de la evaluación y entrega de los bonos, perdieron las esperanzas.
Este es el caso de la señora Zoila Vallejos Hernández, quien salió publicada en la primera lista con el número 778 en el mes de febrero, y hasta ahora no le han entregado nada. Pero, es un poco extraño que a otras personas que han salido en 2 listas posteriores sí les hayan entregado.
Los responsables afirman que el problema es el cambio de cargo, pues el alcalde de Pisco despidió hace un mes al ingeniero Gutiérrez por ineficiente y porque pidió prestado, sin consultarle a nadie, parte del dinero en efectivo de los bonos de reconstrucción, aunque la denuncia no ha sido formalizada aún.
Esto no quedó ahí, pues al parecer en venganza se llevó los 400 bonos de la primera lista que faltaban entregar y los 600 soles en efectivo de cada damnificado (que es para el pago de la mano de obra), que suman 240 mil soles.
¿Qué hace este hombre con dinero y bonos que le pertenecen a los damnificados? Hasta cuándo seguirán aprovechándose de la población para cometer diversos atropellos y sacar ventaja para su beneficio.
El alcalde, quien ahora vive en el Grupo Aéreo Nº 51 ubicado en el distrito de San Andrés, se negó a dar declaraciones al respecto y su secretario informó que la próxima semana el ingeniero entregará los bonos faltantes y que ahora quien está a cargo es el ingeniero Eduardo Figueroa.
Actualmente Pisco sigue en proceso de reconstrucción y como es de esperarse; sumergido en un total caos municipal, sin mencionar el incremento de la delincuencia y las incontables denuncias por asalto a mano armada que se registran en los libros policiales de una improvisada comisaría de madera donada por la República de Turquía.
Hace mas de 8 meses COFOPRI organizó un censo a los pobladores de los diversos distritos como San Andrés, Pisco playa y Pisco centro. Con el fin de entregar los títulos de propiedad a cada familia damnificada que no contara con alguno. Además de registrar las direcciones y comprobar el estado de su vivienda.
Esta base de datos permitió que FORSUR pudiera crear la primera lista de personas beneficiadas con el bono de reconstrucción valorizado en 6000 soles que donó el gobierno, mediante una tarjeta del banco de materiales a nombre del representante de cada familia.
EMPRESAS ABUSIVAS
El Gerente General del Banco, Jorge Aparicio Mosseli, sostuvo que los damnificados tendrían plena libertad para escoger la calidad y el precio de sus materiales de construcción. Y para que los pobladores pudieran hacer uso de esta tarjeta y adquirir sus materiales, el banco afilió a 13 empresas en Ica y solo dos empresas en Pisco.
La primera empresa fue Inversiones Cassoli SAC, de Cassia Olivares Victorio Marín, ubicada en calle Beatita de Humay Nº 583, quien ya había participado en diversos concursos con la Municipalidad de Pisco. La segunda empresa fue Grupo A y G Fortaleza, ubicada en Urbanización Pesca Perú, Mz. O Lote 11, de Cassia Olivares Gabriela Nila (hermana del dueño de la empresa anterior).
Hasta ahí no hubiera tenido nada de malo. Pero, estos dos hermanos empresarios han vendido los diversos materiales de construcción a diestra y siniestra (mediante la autorización que les concedió el Banmat). Con precios sobrevalorados, muy por encima de los establecidos por la competencia de la provincia. Aprovechándose de ser los únicos que podían aceptar la tarjeta del banco y expender los productos a miles de damnificados.
Por ejemplo: el millar de ladrillos de 18 huecos a S/ 880.00, mientras que la competencia a S/ 820.00. La bolsa de cemento sol a S/ 19.00, mientras que las demás empresas a S/ 17.20. Y así podríamos seguir enumerando las enormes e injustas diferencias de precio, que no hacen más que perjudicar la labor de reconstrucción del estado y lucrar con la desgracia de esta pobre gente que no tiene un hogar en donde vivir e intenta construir una habitación de 3 metros de ancho por dos de alto.
Porque sepa usted que los materiales entregados solo alcanzan para construir una pequeña habitación de ladrillos, sin acabados de puertas y ventanas, ni piso. Sin contar que el costo de la obra equivale a un promedio de 1500 soles, porque los albañiles también han subido su precio por mano de obra.
Aun así, estas prosperas empresas que no sufrieron ningún daño en el pasado terremoto, quieren disminuir la poca ayuda del estado y sacar tajada. Pues en vez de recibir 6 millares de ladrillos recibirían 5, que para estos pobres damnificados ya es bastante pérdida. Y esto debe parar.
Ante los reclamos de cientos de pobladores, quienes denunciaron el abuso a las autoridades manifestando que los precios habían subido un 50%, el Fiscal provincial José Maria Chacaltana Yáñez realizó un operativo el día 22 de mayo a las 11:00 a.m. (como consta en el libro de ocurrencias de la Policía), visitando estas dos empresas para comprobar si había sobre valoración de precios. Tal fue la sorpresa, pues no encontraron ninguna novedad y los encargados de ambas tiendas dieron precios menores a lo declarado por los damnificados.
En una entrevista realizada al fiscal, este reconoció que hubo fallas en la diligencia, pues no se pidió las respectivas pruebas que comprobaran lo denunciado, como facturas de ventas emitidas por la empresa, en donde se hubiera comprobado el precio real de venta. En conclusión, solo se preguntó de boca y fue un operativo muy corto y desganado de solo 40 minutos.
EN ESPERA DE LOS BONOS
Según el Banco de Materiales ha repartido en Pisco 5395 bonos de reconstrucción. Y las personas los han ido recogiendo según el orden de publicación de las listas. Dá la casualidad que muchas personas denuncian y reclaman que sus nombres salieron en la primera lista de diciembre del año pasado y que aún no les han entregado absolutamente nada.
Van a las oficinas ubicadas a las salidas de Pisco y esperan largas horas desde las 8 de la mañana hasta las dos de la tarde. Al principio iban cientos de personas y las colas eran muy largas, pero al no encontrar nunca al ingeniero Carlos Gutiérrez, encargado de la evaluación y entrega de los bonos, perdieron las esperanzas.
Este es el caso de la señora Zoila Vallejos Hernández, quien salió publicada en la primera lista con el número 778 en el mes de febrero, y hasta ahora no le han entregado nada. Pero, es un poco extraño que a otras personas que han salido en 2 listas posteriores sí les hayan entregado.
Los responsables afirman que el problema es el cambio de cargo, pues el alcalde de Pisco despidió hace un mes al ingeniero Gutiérrez por ineficiente y porque pidió prestado, sin consultarle a nadie, parte del dinero en efectivo de los bonos de reconstrucción, aunque la denuncia no ha sido formalizada aún.
Esto no quedó ahí, pues al parecer en venganza se llevó los 400 bonos de la primera lista que faltaban entregar y los 600 soles en efectivo de cada damnificado (que es para el pago de la mano de obra), que suman 240 mil soles.
¿Qué hace este hombre con dinero y bonos que le pertenecen a los damnificados? Hasta cuándo seguirán aprovechándose de la población para cometer diversos atropellos y sacar ventaja para su beneficio.
El alcalde, quien ahora vive en el Grupo Aéreo Nº 51 ubicado en el distrito de San Andrés, se negó a dar declaraciones al respecto y su secretario informó que la próxima semana el ingeniero entregará los bonos faltantes y que ahora quien está a cargo es el ingeniero Eduardo Figueroa.
CONTRATACIONES Y MISTERIOS SIN RESOLVEROtra de las denuncias de los pobladores de Pisco playa son las 8 bolsas de cemento que la Municipalidad de Pisco debía entregar a cada damnificado para que pudieran construir una loza del tamaño del módulo de madera que el alcalde había entregado. Han pasado 8 meses desde que empezaran a repartirlas y más de 2500 ersonas no las han recibido. Alcalde de Pisco Juan Mendoza
En total suman un promedio de 20 mil bolsas de cemento que no han sido entregadas. Valorizadas en un costo de S/ 340,000.00 que desembolsó el estado para empezar con el trabajo de reconstrucción de esta zona afectada.
¿Quién responde por ello? ¿Dónde están las bolsas de cemento?
La persona encargada de repartir esta donación a cada familia fue el señor José Anicama Revatta, y según manifiestan los testigos, cada vez que iban a buscarlo a la Municipalidad para reclamarle no lo hallaban. Porque este señor estaba muy ocupado en su empresa Transportes A y D EIRL, ubicada en calle Ismael Aspíllaga Nº 275 y registrada ante SUNAT como una empresa dedicada al rubro de transporte de carga por carretera.
Pero, que casualmente a raíz del terremoto se dedica ahora a la venta de materiales de construcción, participando en diversos concursos de licitación con la Municipalidad de Pisco, por un monto total de S/ 60, 113.00 . Sólo en el mes de enero y siendo el único postor en el concurso.
Esto ante SUNAT es un delito. Pues una empresa cuya actividad principal es transporte de carga, no puede emitir factura alguna de actividades no autorizadas, menos podría trasladar mercadería de un lugar a otro teniendo guía de transportista.
Para que esto procediera y fuera legal tendría que afectarse el rubro de venta como actividad secundaria; lo cual no se ha hecho hasta ahora. Por lo tanto será notificado y multado, según las consideraciones de este órgano regulador, quien ya ha tomado una serie de medidas contra este señor en anteriores ocasiones.
Pues SUNAT emitió una resolución de cobranza coactiva Nº 10307013972 contra esta empresa, en el año 2003, por acumulación de deuda tributaria. O sea que no pagaba sus impuestos y retuvieron su cuenta bancaria.
PASADO NEBULOSO
Su primer trabajo con la Municipalidad fue el 15 de agosto del 2007 y se encargó de las obras de parchado y asfaltado de calles. Para participar en el concurso se inscribió en el Registro Nacional de Proveedores el 03 de agosto, en donde fue observado y suspendido hasta el 06 de septiembre del año pasado.
O sea que en el momento en que obtuvo la licitación estaba suspendido, aunque según las leyes no lo impide de participar y además de ganar la buena pro. Y así fue como siguió participando de diversos concursos y uno de ellos fue la adquisición de materiales de construcción de veredas del AA.HH. Manuel Gonzáles Prada.
Cuya publicación de bases en la página de CONSUCODE, fue el 18 de enero de este año. Y uno de los documentos solicitados en las bases (el cual figura resaltado), era que el postor debía tener experiencia relacionada al objeto de la convocatoria y presentar , como prueba de ello, copia simple de las facturas o contratos que avalen las ventas realizadas anteriormente.
Fuimos en busca de ese expediente al local en donde funciona ahora la Municipalidad de Pisco y nos encontramos con la sorpresa de que no contaba con ese requisito. No había ninguna factura en el expediente.
Solo el resto de la documentación, pero no los antecedentes probatorios de que en realidad esta empresa se dedicaba a la venta de materiales de construcción.
LOGÍSTICA EN PROBLEMAS
Ante esta grave irregularidad el señor Marcelo Pasache, jefe de logística, no sabía qué hacer cuando le pedimos una explicación. Al principio trató de negarlo, diciendo que él personalmente se encargaba de colgar las bases y que era imposible que se le hubiera pasado solicitar un requisito tan fundamental, pero al ver el documento y revisar el expediente de licitación no tuvo otro remedio que aceptarlo.
Es más, defendió a la empresa de Transportes A y D, diciendo que era una empresa de servicios generales y que legalmente no había problemas para que él directamente la contratara por invitación. Lo cual es falso, porque esta empresa ante SUNAT figura con una sola actividad principal, como ya lo hemos explicado.
Y pretendió escudarse en el monto de dicho concurso; S/ 10,812.00, pues a su criterio se trataba de un monto muy bajo. Pero no mencionó que en solo un mes se le ha otorgado a esta empresa la suma de S/ 60,113.00 en cuatro concursos por adquisición de materiales, teniendo como antecedente una seria de incompetencias e irregularidades muy sospechosas, que mas parecen estar inclinadas a beneficiar al postor.
Por lo tanto, la pregunta queda en el aire. Pues habiendo más de 10 empresas medianas que venden materiales de construcción en Pisco: ¿Por qué elegir a una empresa que nunca se ha dedicado a este negocio? Y que además no está registrada con esta actividad y que tampoco cuenta con un local formal en donde tenga la mercadería.
¿No será que esta persona tiene preferencias por ser uno de los hombres de confianza del alcalde? Está comprobado que el jefe de logística sí las tiene, pues lo contrata a dedo, sin revisar siquiera que se respeten las bases legales.
Esto sólo es una pequeña prueba de las irregularidades cometidas en Pisco. Primero en la entrega de alimentos; pues la empresa contratada por el SIS, además de sobre valoración de precios, resultó ser fabricante de calzado. Y ahora en la reconstrucción y adquisición de materiales, se contrata a una de transporte.
Esto demuestra una serie de abusos, que se cometen según el orden de las necesidades de esta pobre gente. Y nos preguntamos: ¿Qué vendrá después?
Es más, defendió a la empresa de Transportes A y D, diciendo que era una empresa de servicios generales y que legalmente no había problemas para que él directamente la contratara por invitación. Lo cual es falso, porque esta empresa ante SUNAT figura con una sola actividad principal, como ya lo hemos explicado.
Y pretendió escudarse en el monto de dicho concurso; S/ 10,812.00, pues a su criterio se trataba de un monto muy bajo. Pero no mencionó que en solo un mes se le ha otorgado a esta empresa la suma de S/ 60,113.00 en cuatro concursos por adquisición de materiales, teniendo como antecedente una seria de incompetencias e irregularidades muy sospechosas, que mas parecen estar inclinadas a beneficiar al postor.
Por lo tanto, la pregunta queda en el aire. Pues habiendo más de 10 empresas medianas que venden materiales de construcción en Pisco: ¿Por qué elegir a una empresa que nunca se ha dedicado a este negocio? Y que además no está registrada con esta actividad y que tampoco cuenta con un local formal en donde tenga la mercadería.
¿No será que esta persona tiene preferencias por ser uno de los hombres de confianza del alcalde? Está comprobado que el jefe de logística sí las tiene, pues lo contrata a dedo, sin revisar siquiera que se respeten las bases legales.
Esto sólo es una pequeña prueba de las irregularidades cometidas en Pisco. Primero en la entrega de alimentos; pues la empresa contratada por el SIS, además de sobre valoración de precios, resultó ser fabricante de calzado. Y ahora en la reconstrucción y adquisición de materiales, se contrata a una de transporte.
Esto demuestra una serie de abusos, que se cometen según el orden de las necesidades de esta pobre gente. Y nos preguntamos: ¿Qué vendrá después?
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